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Proyecto de Ley evalúa intervenir clínicas privadas debido a los costos


---Los centros de salud privados pueden ser intervenidos por el Estado. Así lo propone el anteproyecto de Ley de regulación de las Instituciones Públicas y Privadas de Salud; reseñó El Mundo.

En su artículo 84 la norma que se presentará en el segundo período de sesiones en la Asamblea Nacional (AN) establece que en caso de “afectar gravemente la prestación del servicio de salud a los usuarios” el Ministerio de Salud podrá “intervenir o tomar posesión” de una institución privada para administrarla transitoriamente, de forma total o parcial.

En el caso de que la intervención sea total, esto implicará la separación de la Junta Directiva y demás directivos de la institución, así como del comisario.

Además, los jueces o registradores no podrán dar curso a ninguna operación de venta, cesión, arrendamiento o traspaso del dominio. Esto sólo podrá efectuarse cuando se tenga la autorización del interventor designado por el Ministerio de Salud.

La Asamblea Nacional se encuentra en receso legislativo y los diputados se reincorporarán a sus labores el próximo 15 de septiembre al segundo período parlamentario del año que culminará el 15 de diciembre. En ese lapso se espera sea presentado el proyecto para regular a clínicas y hospitales.

Razones para intervenir

Entre las causales de intervención que plantea el anteproyecto de ley está la intervención en caso de que se revoque la autorización para funcionar por incurrir en actos contrarios a la normativa legal en materia de salud.

Así como también cuando ocurran hechos graves en el centro de salud que puedan poner en peligro la vida o salud de los usuarios.

En esos casos el nuevo instrumento faculta al Ejecutivo a decretar la intervención inmediata como medida “preventiva o correctiva”.

Lo mismo ocurrirá cuando se trate de razones de orden público, en estos casos “bastará con la expedición del acto administrativo que la decrete”, según lo dice el anteproyecto de ley.

Según la normativa, la intervención de un centro clínico no podrá ser superior a un año, y sólo será prorrogable una vez por el mismo período de tiempo.

Los costos que esta intervención generen serán a cargo de la institución privada, sólo en caso que la intervención sea por motivos de orden público, en situaciones de emergencia o desastre en donde el centro de salud no tenga nada que ver, que lo asumirá el Estado.

Una intervención no implicará responsabilidades patrimoniales por parte del Estado sobre las obligaciones civiles, comerciales o laborales de la institución de salud intervenida.

La junta interventora que designe el Estado tendrá las mismas responsabilidad que un funcionario público y rendirá cuentas.

Suma de leyes

La Asamblea Nacional avanza desde este año en normativas que imponen una supervisión y control más estricto al sistema de salud. Por ejemplo, el mes pasado entró en vigencia la Ley de la Actividad Aseguradora, que entre otros aspectos contempla la eliminación de las claves para la atención de emergencias.

Pero la Ley de regulación de las Instituciones Públicas y Privadas de Salud busca mayor control sobre costos específicos en el sistema privado, que van desde los honorarios médicos hasta los medicamentos utilizados en tratamientos.

En el año 2007, la Asamblea Nacional mantuvo reuniones y revisiones de los costos de los servicios de la salud privada para determinar su efecto en la inflación, que incluyeron a representantes de ese sector.

En ese entonces se estableció la Subcomisión Especial para estudiar los altos precios de los servicios médicos quirúrgicos, instancia legislativa que presentó un informe final en el que se recomendaba al Ejecutivo regular los costos de dosis médicas, así como los honorarios médicos.

A partir de allí se ha hablado constantemente en la Asamblea Nacional de una normativa que avance en mayores controles en los costos del sector salud.

Fuente: El Mundo

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